La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ha solicitado al Parlamento rumano que modifique la Ley de Salarización, identificando “serias problemas de constitucionalidad”. En un comunicado de prensa, el tribunal superior advierte que estas irregularidades podrían invalidar el proceso legislativo. La ICCJ ha indicado que recurrirá a la Corte Constitucional de Rumania si las deficiencias no se abordan a tiempo. La naturaleza específica de las preocupaciones constitucionales no fue detallada en el comunicado inicial. Esta acción judicial representa una presión significativa sobre el Parlamento. La reforma de la ley de salarios es un tema delicado en Rumania, dado su impacto en el sector público y las finanzas estatales. Se espera que el Parlamento responda rápidamente a la solicitud de la ICCJ para evitar una posible crisis constitucional.