Transportistas rumanos, a través de IMM România y FORT, están presionando al Parlamento y al Gobierno para asegurar que la reciente reducción del impuesto al combustible diesel (acciza) se traduzca efectivamente en precios más bajos para los consumidores. Temen que ciertos actores en la cadena de suministro puedan disminuir o incluso absorber los beneficios de esta reducción, impidiendo que llegue al público. Las organizaciones exigen una intervención urgente para eliminar las disposiciones que permitan esta práctica. Consideran fundamental que la reducción fiscal se refleje directamente en el precio final en las estaciones de servicio. La petición busca proteger tanto a los transportistas como a los conductores de potenciales abusos y garantizar la transparencia en la formación de precios del combustible. Se busca una aplicación clara y directa de la medida para impulsar el sector del transporte y aliviar la carga económica de los ciudadanos.