Cincuenta y cinco ayuntamientos de Rumanía destinaron millones de euros a la ONG Aspa Ivets, administradora de un refugio canino en el condado de Giurgiu. Esta organización se ha destacado por ser la que más perros ha sacrificado en el país entre 2023 y 2025, superando a otros refugios tanto públicos como privados. Las transferencias de fondos se realizaron evitando los procedimientos habituales de contratación pública. La investigación revela un posible esquema de financiación irregular para la organización. Se cuestiona la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados al bienestar animal. Las autoridades competentes están investigando las circunstancias de estas transacciones y el elevado número de eutanasias realizadas en el refugio. El caso ha generado controversia y debate sobre la gestión de animales abandonados en Rumanía.