El director general de la Autoridad de Carreteras Rumana (ARR), Cristian Anton, fue formalmente acusado por la DNA (Dirección Nacional Anticorrupción) el 20 de agosto, estando actualmente en detención preventiva. Los cargos incluyen cohecho, uso de información privilegiada para beneficio personal y la formación de un grupo criminal organizado. La investigación reveló que Anton habría estado involucrado en actividades ilícitas durante un período no especificado. La fiscalía alega que Anton recibió sobornos y utilizó información confidencial para obtener ventajas indebidas. Se encontraron sumas significativas de dinero, incluyendo 500.000 euros, ocultos en cajas de cartón. Este caso representa un importante golpe contra la corrupción en el sector de transporte rumano y pone de manifiesto la determinación de la DNA en perseguir estos delitos. Se espera que el juicio avance rápidamente debido a la gravedad de las acusaciones y la detención preventiva del acusado.