El presidente rumano, Nicușor Dan, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra una ley recientemente aprobada por el Parlamento. La ley, adoptada el 8 de junio, establece una prohibición temporal de la venta de acciones en empresas estatales hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca, según sus promotores, proteger los intereses nacionales en la actividad económica. La solicitud de inconstitucionalidad fue anunciada a través de un comunicado de prensa de la Administración Presidencial. Se argumenta que la ley podría vulnerar principios constitucionales relacionados con la libre competencia y la gestión de los activos estatales. Esta acción legal podría suspender la implementación de la prohibición de ventas de acciones. El debate sobre la privatización de empresas estatales es un tema recurrente en la política rumana.