La agencia estatal RA-APPS retiró de su sitio web la lista de direcciones de las propiedades alquiladas a particulares, cumpliendo con una reciente decisión del Tribunal de Apelación de Bucarest. El tribunal suspendió la aplicación de un decreto gubernamental que exigía la transparencia en esta información, tras una demanda presentada por seis particulares. Entre los demandantes se encuentran ex parlamentarios y auditores. La medida judicial responde a la preocupación por la privacidad de los arrendatarios. RA-APPS había publicado previamente esta lista como parte de una política de transparencia gubernamental. La decisión del tribunal genera debate sobre el equilibrio entre la transparencia y la protección de datos personales en Rumanía. Se espera que el caso continúe su curso en los tribunales.
