El primer ministro designado, Eugen Tomac, anunció su intención de llevar a cabo una reforma administrativa territorial en su programa de gobierno. Tomac argumenta que la estructura administrativa actual, heredada de la época de Ceaușescu, es obsoleta y ya no responde a las necesidades del país. Una de las medidas clave de esta reforma implica la eliminación de las subvenciones estatales a aquellos ayuntamientos con una población reducida, específicamente aquellos con entre 300 y 400 habitantes. El objetivo, según Tomac, es optimizar el uso de los fondos públicos y mejorar la eficiencia de la administración. Esta propuesta busca modernizar la organización territorial de Rumanía y adaptarla a los desafíos actuales. La reforma administrativa es considerada una prioridad por el nuevo gobierno. Se espera que esta medida genere debate y análisis sobre la viabilidad y el impacto en las comunidades locales.