Según el Decreto 339 en Vietnam, los promotores de proyectos inmobiliarios podrían enfrentar multas que oscilan entre los 240 y 300 millones de dongs vietnamitas por aceptar pagos en efectivo según los términos de un contrato. Esta nueva regulación busca incrementar la transparencia y reducir el lavado de dinero en el sector inmobiliario vietnamita. La medida apunta a fomentar el uso de métodos de pago bancarios rastreables para las transacciones de propiedades. Las autoridades vietnamitas esperan que esta política contribuya a una mayor formalización del mercado y a la prevención de actividades ilícitas. Las empresas que violen esta norma se enfrentarán a sanciones económicas significativas. Esta disposición afecta directamente a la forma en que se realizan los negocios inmobiliarios en Vietnam. El Decreto 339 entrará en vigor pronto, afectando a todos los desarrolladores y compradores.