El gobierno ruso continúa con la práctica de expropiaciones a multimillonarios, generando importantes ingresos para el Estado. Recientemente, una nueva ola de confiscaciones ha permitido a Rusia obtener 7.600 millones de dólares. Esta medida se enmarca en una política de control estatal sobre activos considerados estratégicos o pertenecientes a individuos críticos con el Kremlin. Las expropiaciones han aumentado en frecuencia desde el inicio del conflicto en Ucrania. Aunque el gobierno ruso no ha detallado los motivos específicos de cada confiscación, se presume que están vinculadas a la financiación de la guerra y a la consolidación del poder. Estas acciones han generado controversia a nivel internacional, con acusaciones de persecución política y violación de derechos de propiedad. La práctica de expropiación se ha convertido en una fuente significativa de ingresos para el presupuesto ruso.