Tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la defensa de Carles Puigdemont no tomará medidas inmediatas. No solicitarán al juez instructor Pablo Llarena la suspensión de la orden de detención nacional en vigor. La estrategia legal ahora se centra en esperar a una posible corrección de la sentencia del Supremo por parte del Tribunal Constitucional español. El equipo legal de Puigdemont confía en que el Constitucional proteja sus derechos y rectifique la interpretación del fallo europeo. Esta decisión refleja una apuesta por la vía judicial interna, retrasando cualquier movimiento proactivo. Se espera que el Constitucional se pronuncie en las próximas semanas, lo que definirá el futuro inmediato de Puigdemont.