La fiscal a cargo ordenó a la Policía Judicial (PJ) la destrucción de 12.400 litros de solventes incautados como parte de la Operación Pacoba. Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida por la PJ. En lugar de ser destruidos, los bidones con los solventes fueron transferidos a Construbarcelos, una empresa vinculada a un amigo de Luís Neves. Esta acción levanta serias sospechas sobre un posible incumplimiento de deberes por parte de la policía y plantea interrogantes sobre la correcta gestión de los activos incautados. La falta de cumplimiento de la orden judicial podría implicar graves consecuencias legales para los responsables. La investigación se centra ahora en determinar las razones por las cuales la PJ no llevó a cabo la destrucción ordenada y la posible existencia de corrupción en el proceso. El caso ha generado controversia y exige una explicación clara y transparente por parte de las autoridades competentes.