Polonia ha presentado una apelación ante un tribunal belga en relación con una orden judicial que le exige pagar por las dosis de vacunas contra el COVID-19 adquiridas bajo el controvertido acuerdo de la UE conocido como “Pfizergate”. Este acuerdo ha sido objeto de críticas y controversia, generando interrogantes sobre la transparencia y las condiciones de adquisición de las vacunas. La apelación polaca busca revertir la decisión que obliga al país a cubrir los costos asociados a estas dosis. El caso se centra en las acusaciones de irregularidades en las negociaciones y la adjudicación del contrato con Pfizer. La disputa legal pone de manifiesto tensiones entre los estados miembros de la UE con respecto a la gestión de la pandemia y la adquisición de vacunas. Se espera que la apelación genere un debate más amplio sobre la transparencia en los procesos de contratación pública y la responsabilidad en la gestión de fondos públicos durante la crisis sanitaria.