Una encuesta de opinión pública revela que la mayoría de los papúes neoguineanos desean una mayor intervención gubernamental para abordar la violencia relacionada con acusaciones de brujería (SARV). Los resultados de la encuesta demuestran un fuerte clamor público por soluciones a este problema persistente. La violencia vinculada a estas acusaciones sigue siendo una preocupación grave en Papúa Nueva Guinea, afectando a comunidades vulnerables. Se busca que el gobierno implemente medidas efectivas para prevenir y castigar estos actos violentos. La encuesta subraya la necesidad urgente de proteger a los individuos acusados injustamente y de promover la educación y la tolerancia. Los ciudadanos exigen políticas más contundentes y una aplicación rigurosa de la ley para erradicar esta forma de violencia.