El gobierno peruano, liderado por Keiko Fujimori, ha decretado un estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país. Esta medida busca contrarrestar las operaciones de organizaciones criminales que continúan funcionando desde las cárceles peruanas. El objetivo principal es interrumpir la comunicación y coordinación de estas bandas desde el interior de las prisiones hacia el exterior. La declaración de emergencia permitirá al gobierno tomar medidas extraordinarias para controlar las cárceles, incluyendo registros exhaustivos y posible intervención de las fuerzas de seguridad. Se espera que esta acción restrinja la capacidad de los reclusos de liderar actividades delictivas fuera de los muros carcelarios. Las autoridades peruanas buscan desmantelar la influencia del crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional.