La Corte Suprema del Perú ratificó un año más de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, en medio de una investigación exhaustiva por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La prolongación de la medida judicial se basa en la complejidad de la investigación que involucra a más de 90 personas. Los cargos se relacionan con casos específicos como Petroperú y la construcción del Puente Tarata III, sugiriendo una red de corrupción durante su gestión presidencial. La decisión busca asegurar la investigación y evitar potenciales obstrucciones a la justicia. Castillo permanece detenido desde su intento de disolver el Congreso en diciembre pasado. La fiscalía busca demostrar la existencia de una organización criminal que operó durante su gobierno. Esta extensión de la prisión preventiva implica que la investigación continuará por un período prolongado.