La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido multas significativas para aquellas instituciones que obstaculicen la instalación de mesas de sufragio. Esta medida responde a incidentes ocurridos durante la segunda vuelta presidencial, donde 12 colegios se negaron a ser utilizados como locales de votación, forzando a la ONPE a reubicar las mesas. Las sanciones pueden alcanzar hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa una cantidad considerable. El objetivo de la ONPE es garantizar la fluidez y accesibilidad del proceso electoral. La normativa busca evitar futuras negativas y asegurar la disponibilidad de locales adecuados para la votación. Esta decisión refuerza la autoridad de la ONPE en la organización de elecciones y su capacidad para hacer cumplir las regulaciones. Se espera que las nuevas sanciones disuadan a las instituciones de impedir el correcto desarrollo de futuras jornadas electorales.