El otorgamiento de un salvoconducto a Betssy Chávez ha generado una profunda división en el Congreso peruano. Mientras algunos legisladores justifican la medida como una obligación, otros la critican fuertemente. La oposición ha expresado su rechazo y, en algunos casos, ha pedido al gobierno iniciar los trámites para solicitar la extradición de Chávez. Esta decisión ha desatado un debate sobre el alcance de las prerrogativas del Congreso y los límites de la protección a figuras políticas. La polarización entre los diferentes grupos parlamentarios se ha intensificado, dificultando el consenso en otros temas de la agenda legislativa. Se espera que la controversia continúe en los próximos días, con posibles investigaciones y nuevas acciones legales. La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad política y el estado de derecho en el país.