Los concesionarios del golfo de Papagayo han expresado su reacción ante la decisión de la diputada Laura Fernández de revocar una reforma previamente aprobada. Esta reforma habría permitido una mayor concentración de construcciones en la zona. La medida original generaba controversia por posibles impactos ambientales y preocupaciones sobre el desarrollo urbanístico. La anulación de la reforma implica un cambio en las regulaciones de construcción en Papagayo. Los concesionarios ahora deberán ajustarse a las normativas anteriores. Se espera que esta decisión reabra el debate sobre el futuro desarrollo de la zona y la necesidad de un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. La diputada Fernández argumentó que la reforma no atendía a las necesidades de sostenibilidad a largo plazo.