El Palacio de Malacañang ha delegado al Senado la decisión sobre la divulgación de los registros fiscales de la Vicepresidenta Sara Duterte. La postura del gobierno es que el Senado, actuando como tribunal de juicio político, posee la autoridad para determinar el acceso a dicha información. Esta decisión se produce en un contexto de controversia sobre la solicitud de estos documentos. Malacañang argumenta que no interferirá con el proceso legislativo y respetará la autonomía del Senado en este asunto delicado. El gobierno enfatiza que la autoridad para emitir órdenes relacionadas con los registros fiscales recae ahora completamente en la cámara alta. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y el debido proceso en el marco de posibles acusaciones de juicio político. Esta estrategia permite al Ejecutivo distanciarse de la controversia, al tiempo que reconoce el papel del Senado en la investigación.