El gobierno pakistaní ha autorizado el despliegue del ejército en Rawalpindi por un período de seis meses para responder a cualquier situación imprevista. Esta decisión se tomó en medio de tensiones políticas crecientes tras las elecciones generales del 8 de febrero y las acusaciones de fraude electoral. Las autoridades no han especificado qué tipo de "situación imprevista" podría requerir la intervención militar, pero se considera una medida preventiva ante posibles protestas o disturbios. El despliegue también busca apoyar a la policía local en el mantenimiento del orden público y la seguridad. La oposición ha criticado la medida, argumentando que militariza el espacio cívico y socava el proceso democrático. El gobierno insiste en que el propósito es asegurar la estabilidad y prevenir la violencia, manteniendo el estado de derecho. La autorización subraya un clima de incertidumbre política persistente en Pakistán.