La Cachemira administrada por Pakistán enfrenta las protestas más grandes en décadas, con decenas de víctimas en los últimos dos meses. Los manifestantes demandan reformas económicas y constitucionales, incluyendo la abolición de medidas que consideran fortalecen la influencia de Islamabad. Las autoridades han respondido con bloqueos de internet, toques de queda y restricciones a la prensa internacional durante las elecciones locales. La población cachemirí expresa preocupación por la posibilidad de que Pakistán repita el escenario de 2019, cuando India integró por la fuerza su parte del territorio a través de una operación militar masiva y represiva. Los residentes temen una escalada similar de violencia y una pérdida aún mayor de autonomía. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la estabilidad regional y los derechos humanos en la zona. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos.