Las modificaciones a la ley de acceso a la información de Ontario, impulsadas por el gobierno de Doug Ford, ya están en vigor y provocan preocupación entre expertos. Los solicitantes de información están experimentando un aumento en el número de rechazos y denegaciones de sus peticiones. Críticos argumentan que estos cambios podrían dificultar la transparencia gubernamental y limitar el escrutinio público. El gobierno defiende las modificaciones como necesarias para agilizar el proceso y reducir la carga administrativa. Sin embargo, observadores señalan que las nuevas reglas otorgan al gobierno mayor discrecionalidad para negar el acceso a documentos. Se teme que esto pueda obstaculizar la rendición de cuentas y la capacidad de los ciudadanos para supervisar las acciones del gobierno provincial. La efectividad y el impacto a largo plazo de estas reformas aún están por verse.