La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ha aprobado el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García. La acusación se centra en la presunta triangulación de recursos públicos, un delito que podría acarrear su destitución. El proceso legal se deriva de denuncias sobre el manejo irregular de fondos estatales. Se argumenta que el gobernador habría utilizado empresas intermediarias para desviar recursos públicos. Ahora, el caso pasará a ser analizado por el pleno del Congreso, donde se determinará si existen elementos suficientes para continuar con el juicio. García ha negado las acusaciones y ha calificado la acción como una persecución política. El desarrollo de este juicio político podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política en Nuevo León.