El gobierno Laborista de Nueva Gales del Sur (NSW) ha implementado reformas al juego con medidas de cumplimiento más estrictas para los establecimientos. Estas medidas incluyen el lanzamiento de un registro estatal de autoexclusión, buscando ayudar a personas con problemas de adicción. Sin embargo, el gobierno ha abandonado sus planes iniciales de imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias de la industria del juego. Esta decisión ha generado críticas, ya que algunos consideran que se pierde una oportunidad de obtener ingresos adicionales para programas sociales. A pesar de esto, el gobierno justifica la medida argumentando que se prioriza una regulación efectiva y el apoyo a los individuos vulnerables. La nueva legislación busca equilibrar la protección de jugadores con la viabilidad de la industria del entretenimiento. Se espera un impacto significativo en la forma en que operan los locales de juego en todo el estado.