Estados Unidos ha condenado firmemente la decisión del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en el país. Esta acción se suma a una creciente preocupación internacional por el deterioro de la democracia en Nicaragua. Ortega, en el poder desde 2007, previamente nombró a su esposa como "copresidenta”, consolidando el poder familiar. Además, impulsó reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, maniobras que le permiten extender su mandato indefinidamente. La comunidad internacional percibe estas medidas como un claro indicio de autoritarismo y un ataque a las instituciones democráticas. La eliminación de las elecciones profundiza la crisis política y social que atraviesa Nicaragua, limitando aún más las libertades civiles y los derechos políticos de sus ciudadanos.