El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una estrategia sistemática para desmantelar la democracia en Nicaragua. Esta estrategia incluyó la toma de control de las instituciones estatales, neutralizando cualquier poder independiente que pudiera desafiar su autoridad. La persecución implacable de opositores políticos, incluyendo su encarcelamiento y hostigamiento, ha silenciado voces críticas. Además, se ha observado un preocupante uso político de la religión para legitimar el régimen y consolidar su poder. La concentración de poder en manos de Ortega y Murillo ha resultado en la erosión de los principios democráticos y la supresión de las libertades civiles en el país. Esta situación ha generado una crisis política y humanitaria de gran envergadura. La eliminación gradual de contrapesos institucionales ha dejado a Nicaragua bajo un régimen cada vez más autoritario.