El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha autorizado la transferencia de numerosas propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La medida, formalizada el 19 de junio de 2026 según una publicación en La Gaceta, abarca inmuebles distribuidos en ocho departamentos del país. Las autoridades justifican la cesión como un esfuerzo para fortalecer el sistema de previsión social nicaragüense. Esta decisión se produce en un contexto de dificultades económicas que enfrenta Nicaragua. Analistas sugieren que la transferencia podría estar relacionada con la necesidad de generar ingresos para el INSS, que enfrenta desafíos financieros. La oposición ha criticado la medida, expresando preocupación por la falta de transparencia en el proceso y el posible impacto en el patrimonio estatal.