El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha aprobado reformas legales que amplían significativamente el control estatal sobre las finanzas y la economía. Las modificaciones fortalecen la supervisión del sistema financiero, permitiendo un mayor escrutinio de las operaciones bancarias y comerciales. Un aspecto clave de la reforma es la regulación de los activos digitales, otorgando al Estado la capacidad de monitorearlos y controlarlos. Además, las nuevas leyes facilitan el acceso del gobierno a información económica sensible, incluyendo datos de empresas y transacciones financieras. Estas medidas han generado preocupación sobre la transparencia y la libertad económica en el país. Los críticos temen que las reformas puedan utilizarse para reprimir la disidencia y consolidar el poder del gobierno. La justificación oficial argumenta que las reformas buscan combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.