El parlamento nicaragüense, dominado por el partido gobernante, avanza con una reforma constitucional que esencialmente prohíbe las elecciones en el país. La reforma permitirá la exclusión de aquellos calificados como "traidores a la patria", un término ampliamente utilizado para desacreditar a la oposición política y a críticos del gobierno. Esta decisión se produce tras declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó que no habrá nuevas elecciones en Nicaragua. La reforma busca solidificar el control del gobierno y silenciar cualquier disidencia. Organizaciones internacionales y la oposición condenan la medida, calificándola como un golpe a la democracia. Se teme que esta nueva legislación agrave aún más la crisis política y los derechos humanos en Nicaragua.