La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones, generando fuertes críticas internacionales. Esta modificación legal, ampliamente condenada por la oposición en el exilio, busca, según sus detractores, asegurar la continuidad del gobierno de la familia Ortega-Murillo. La reforma se produce en un contexto de preocupación por la salud del presidente Daniel Ortega, quien padece lupus y problemas renales. La oposición argumenta que la medida consolida un régimen autoritario y elimina cualquier posibilidad de una transición democrática. La comunidad internacional ha expresado su inquietud por el deterioro de las libertades civiles y el estado de derecho en Nicaragua. Se teme que esta reforma electoral profundice la crisis política y social en el país centroamericano. La aprobación de la reforma legal ha sido calificada como un golpe a la democracia nicaragüense.