El reciente decreto en Colombia sobre la protesta social ha generado preocupación por su potencial impacto en los derechos fundamentales. Esta normativa introduce medidas que podrían debilitar el diálogo entre el gobierno y los manifestantes, así como ampliar la justificación para el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Se teme que el decreto restrinja el derecho a la protesta, el cual está protegido por la Constitución de Colombia. La Silla Vacía reporta que esta legislación podría dificultar la expresión social y la participación ciudadana en el debate público. Expertos y organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud ante la posible vulneración de libertades civiles. El decreto se considera una prueba para la capacidad de Colombia de mantener un espacio seguro y efectivo para la protesta social pacífica.