Entre el 5 y el 12 de junio de 2026, la Fiscalía General y la Policía Rumana llevaron a cabo cerca de 1.000 registros en todo el país, en el marco de la “Operación Jupiter”. El operativo se centró en la presunta modificación y restauración ilegal de vehículos, aunque un abogado lo ha calificado como una operación de imagen. Las autoridades justifican la magnitud de la operación como una demostración de la cooperación entre la Fiscalía y la Policía. Se busca evidenciar un mecanismo de respuesta integrado ante delitos complejos. La operación involucró a cuatro instituciones diferentes, según informes iniciales. La Fiscalía General no ha detallado aún el número de detenidos ni el alcance total de las investigaciones. El caso ha generado controversia, con acusaciones de desproporción en el uso de recursos.