El diputado Roman Michelko llegó a un acuerdo extrajudicial de última hora con el investigador suspendido Ján Čurilla, comprometiéndose a pagarle 10,000 euros. Este acuerdo pone fin a una disputa legal derivada de acusaciones infundadas realizadas por Michelko contra Čurilla. El diputado había culpado al investigador por un caso de asesinato en el que éste nunca trabajó. La situación generó controversia y críticas hacia Michelko por sus declaraciones sin fundamento. El acuerdo evita un juicio público y un posible daño adicional a la reputación de ambas partes. Se espera que este caso sirva de advertencia sobre la importancia de la veracidad en las declaraciones públicas, especialmente por parte de figuras políticas.