Diversos activistas de derechos humanos han alertado sobre la necesidad de mejorar la gestión de la seguridad pública en las playas durante la temporada de verano. El incremento significativo de visitantes en espacios acuáticos ha puesto de relieve las deficiencias en la protección de los bañistas. Especialmente preocupantes son aquellas zonas con alta afluencia que carecen de equipamiento adecuado o de una vigilancia efectiva. Algunos de estos puntos han sido clasificados como playas no aptas para el baño, representando un riesgo para la salud y la integridad física. Los portavoces han instado a las autoridades a implementar soluciones que oscilen entre la prohibición de acceso y la rehabilitación de las infraestructuras. El objetivo principal es garantizar la seguridad ciudadana en todo el litoral del reino. Esta demanda busca evitar tragedias derivadas de la falta de control en las zonas costeras más concurridas.