La reciente decisión del Tribunal Constitucional de Marruecos sobre la ley 66.23, que regula la profesión de abogado, ha generado un debate significativo. La corte revisó la constitucionalidad de la ley, no solo evaluando el resultado final sino también las potenciales consecuencias legales. El análisis se centra en la posibilidad de una nueva remisión o la confirmación del texto actual. La decisión plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación legal de la abogacía en Marruecos. Se espera que el fallo tenga implicaciones importantes para los abogados y el sistema judicial del país. El caso ha sido ampliamente cubierto por Hespress, un periódico electrónico marroquí.