Ángela Huatay Benites, actual asesora del ministro de Trabajo, Juan Sheput, recibió un contrato de S/30 mil de PROINVERSIÓN en mayo de 2026. El documento de términos de referencia y conformidad del servicio fue autorizado por Denisse Miralles, ex-premier. Este caso revela posibles conexiones políticas entre funcionarios públicos y beneficiarios de contratos estatales. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación de PROINVERSIÓN. La autorización de Miralles, a pesar de su posición anterior, genera dudas sobre la influencia política en la adjudicación. La publicación original fue realizada por Lima Gris, destacando la importancia de la investigación periodística en este tipo de situaciones. Se investigan las implicaciones éticas y legales de esta operación.