A pesar del receso de la Kneset, una comisión de finanzas está programada para asignar millones de shekels a instituciones educativas Haredíes y al Ministerio de Asentamientos. La oposición y grupos de defensa de la libertad religiosa denuncian esta asignación como un caso de “soborno electoral”. Argumentan que la distribución de fondos, realizada durante un periodo parlamentario inactivo, busca influir en el electorado. Esta medida ha generado fuertes críticas y controversia en el panorama político israelí. Los críticos señalan una posible injerencia en el proceso electoral y una distribución desigual de recursos. Se espera un debate intenso sobre la legalidad y la ética de esta asignación financiera. La polémica subraya las tensiones existentes entre los diferentes grupos políticos e ideológicos en Israel.