El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,3 millones de euros por un ático de lujo en el barrio de Chamberí, en Madrid. La operación ha generado polémica debido al elevado precio de la vivienda y a la inclusión de una comisión de 189.000 euros, equivalente al 3% del valor, pagada a la inmobiliaria que intermedió en la venta. Esta comisión fue cargada al vendedor, pero suma un costo adicional a la operación. La compra del ático ha suscitado interrogantes sobre la justificación del gasto público y la transparencia en la adquisición de propiedades de alto valor. La oposición ha solicitado explicaciones detalladas sobre la operación, incluyendo el proceso de valoración de la vivienda y los criterios utilizados para la elección del inmueble. El gobierno regional defiende la operación, argumentando que el ático cumplía con los requisitos necesarios y que el precio es acorde al mercado. La situación ha desatado un debate sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas.