Una familia vulnerable en Madrid, compuesta por Zaira, su esposo y cuatro hijos, se enfrenta a un inminente desahucio programado para el 26 de junio. La Agencia de Vivienda Social de Madrid ha reactivado el proceso a pesar de una solicitud de la ONU para detenerlo. La familia carece de alternativas de vivienda en caso de ser desalojada. Su principal demanda es acceder a un alquiler acorde a sus ingresos económicos. El caso ha generado controversia debido a la intervención de la ONU y la situación de vulnerabilidad de los menores involucrados. Las autoridades madrileñas mantienen su postura en relación con el proceso legal. La familia busca una solución habitacional que les permita mantener la estabilidad y evitar la situación de calle.