Diversas organizaciones civiles y cámaras empresariales han expresado su preocupación y solicitado modificaciones al proyecto de Ley de Lobby que se debate en la Cámara de Diputados. Las críticas se centran en la equiparación de las organizaciones civiles con los grupos de interés comerciales en el registro y regulación, lo que consideran desproporcionado. Otro punto de conflicto son las sanciones penales contempladas en el proyecto, que se perciben como excesivas y potencialmente limitantes para la participación ciudadana. Adicionalmente, se cuestionan los costos burocráticos asociados al cumplimiento de la ley, que podrían dificultar la labor de las organizaciones con menos recursos. Los sectores afectados argumentan que la ley, tal como está redactada, podría afectar negativamente la transparencia y el derecho a la participación en la toma de decisiones públicas. Buscan una regulación más equilibrada que promueva la transparencia sin obstaculizar el trabajo de la sociedad civil y las empresas. Se espera que los legisladores consideren estas objeciones antes de la votación final.