El gobierno portugués defiende la implementación del Programa de Apoyo Social (PSU) tras el rechazo de un paquete laboral relacionado. La medida busca generar un ahorro anual estimado en 3,2 millones de euros. La ministra responsable mantiene su postura de incluir en el programa a personas con un grado de incapacidad inferior al 80%, obligándolas a realizar trabajos sociales. Esta decisión ha generado controversia y oposición, especialmente en el ámbito laboral. El gobierno argumenta que el PSU es esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se espera que la implementación del programa continúe a pesar de las críticas y el reciente revés legislativo. La medida busca reinsertar a personas con discapacidad en el mercado laboral a través del trabajo social remunerado.