Una petición legal ha sido presentada en Israel en contra de una nueva ley que otorga al ministro de Justicia el control sobre el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía. Los críticos argumentan que esta legislación socava la independencia de la unidad investigadora y otorga al ministro una influencia indebida sobre las investigaciones policiales. La preocupación central radica en la posible politización de las investigaciones internas, afectando la objetividad y transparencia del proceso. La ley ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y la necesidad de mantener la autonomía de los organismos encargados de supervisar a la policía. Sus opositores temen que el ministro pueda interferir en investigaciones sensibles, protegiendo a ciertos agentes o perjudicando a otros por motivos políticos. La petición busca que el Tribunal Supremo revise la constitucionalidad de la ley y suspenda su aplicación.