El partido Junts, liderado por los asociados a Puigdemont, ha rechazado el reciente decreto gubernamental sobre los desahucios, intensificando la presión sobre el Gobierno central. Exigen la retirada completa de los textos actuales como condición para iniciar negociaciones sobre una nueva propuesta. Moncloa, por su parte, se mantiene firme y se niega a ceder a las demandas de Junts. La estrategia del Gobierno consiste en trasladar la presión a todos los partidos que han manifestado su intención de votar en contra, incluyendo al Partido Popular y a Vox. El ejecutivo los insta a reconsiderar su postura, argumentando que es momento de dar marcha atrás. Esta negativa plantea un obstáculo importante para la aprobación de la medida y agudiza la tensión política en torno a la problemática de los desahucios en España. La situación actual deja en suspenso la búsqueda de una solución viable para proteger a las familias vulnerables.