Japón ha anunciado un aumento en las tarifas de residencia a partir de octubre, medida que coincide con un endurecimiento general de sus políticas de inmigración. El incremento afectará a residentes extranjeros de larga duración, incluyendo a aquellos con visas de trabajo y estudiantes. Las nuevas tarifas buscan cubrir los costos relacionados con la gestión de la inmigración y la integración de los residentes extranjeros. El gobierno japonés argumenta que esta medida es necesaria debido al envejecimiento de la población y a la creciente necesidad de trabajadores extranjeros, pero también enfatiza la importancia de mantener el control sobre el flujo migratorio. Críticos señalan que el aumento de las tarifas podría disuadir a trabajadores calificados de venir a Japón, perjudicando la economía a largo plazo. Esta política se enmarca en una tendencia más amplia de revisión de las políticas migratorias en Japón, que históricamente ha sido reacio a la inmigración a gran escala.