El gobierno japonés permitirá a las administraciones locales prohibir los alojamientos turísticos privados, como Airbnb, en respuesta a crecientes quejas de los residentes. Estas quejas se centran en problemas como fiestas nocturnas, incumplimiento de las normas de gestión de residuos y el abandono de colillas de cigarrillos en la vía pública. La medida busca mitigar el impacto negativo de estos alojamientos en la calidad de vida de los vecinos. Hasta ahora, la regulación era más laxa y dependía de la autorregulación de las plataformas y los anfitriones. La nueva normativa otorga mayor poder a los gobiernos locales para determinar si permiten o no este tipo de establecimientos en sus jurisdicciones. Se espera que la implementación varíe según cada prefectura y municipio. Esta decisión refleja una creciente preocupación por el equilibrio entre el turismo y el bienestar de las comunidades locales.