La ministra japonesa de Asuntos Internos, Sanae Takaichi, reconoció la propuesta de reducir el impuesto al consumo sobre los alimentos al 1%. Esta medida busca aliviar el impacto de la inflación en los consumidores, pero ha generado divisiones dentro del partido gobernante. Existe preocupación sobre las posibles consecuencias de este recorte en los mercados financieros y la sostenibilidad fiscal del país. La propuesta se discute en un contexto de creciente presión pública por medidas para mitigar el aumento del costo de vida. Algunos miembros del partido se oponen al recorte, argumentando que podría afectar negativamente los ingresos del gobierno. La decisión final sobre la implementación de esta política aún está pendiente y se espera un debate continuo.