El gobierno japonés ha otorgado autorización de seguridad a 18 funcionarios públicos para el manejo de información relacionada con la seguridad económica. Esta habilitación se realizó bajo el nuevo sistema de evaluación de antecedentes, establecido por una ley promulgada en mayo de 2024. La ley busca fortalecer la protección de información sensible en áreas estratégicas para la economía nacional. Los funcionarios autorizados tendrán acceso a datos clasificados y participarán en la formulación de políticas de seguridad económica. El proceso de evaluación incluyó una revisión exhaustiva de sus antecedentes y conexiones. Esta medida responde a la creciente preocupación de Japón por la seguridad económica en un contexto geopolítico complejo. Se espera que más funcionarios sean evaluados y autorizados en el futuro cercano.