El Departamento de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio de Irlanda se opuso a la divulgación de documentos relacionados con la Unidad de Delitos contra la Fauna Silvestre prometida, argumentando que esto podría perjudicar investigaciones en curso y futuras acusaciones. Esta oposición generó una batalla de un año por el acceso a la información. La solicitud de acceso a estos documentos fue realizada bajo la legislación de Libertad de Información. Sin embargo, el Comisionado de Información no estuvo de acuerdo con la postura del departamento, determinando que la divulgación no representaría un riesgo real para las investigaciones ni los procesos judiciales. La disputa subraya las tensiones entre la transparencia gubernamental y la necesidad de proteger la integridad de las operaciones policiales en Irlanda. El caso pone de relieve las dificultades encontradas para obtener información sobre la implementación de políticas ambientales y la lucha contra el crimen contra la fauna silvestre en Irlanda.