Una nueva ley indonesia, la Ley Número 4 de 2026 sobre el Desarrollo y Fortalecimiento del Sector de Servicios Financieros (UU P2SK), está generando controversia en medio del debate público sobre el proyecto de Ley de Confiscación de Activos del Delito (RUU PATP). La atención se ha centrado principalmente en el RUU PATP, una demanda popular para combatir la corrupción, lo que ha llevado a una falta de escrutinio sobre la UU P2SK. Esta última ley, aunque menos publicitada, presenta implicaciones significativas en la lucha contra el crimen financiero. Expertos señalan que la UU P2SK podría afectar la efectividad de las medidas anticorrupción, posiblemente debilitando los esfuerzos para confiscar activos ilícitos. El debate apunta a la necesidad de analizar ambas leyes en conjunto para evaluar su impacto real en la transparencia y la rendición de cuentas. Se teme que la UU P2SK pueda crear lagunas legales que dificulten la persecución de la corrupción y el recupero de fondos robados.