Organizaciones indígenas de cuatro países andinos han presentado una demanda contra el Estado peruano ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La demanda acusa a Perú de inacción en la lucha contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay. Los demandantes argumentan que esta inacción constituye un incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La minería ilegal causa graves daños ambientales y afecta directamente la salud y los medios de vida de las comunidades indígenas. Se busca que el Tribunal ordene a Perú tomar medidas efectivas para detener la actividad minera ilegal y proteger el río Nanay. La demanda representa un esfuerzo coordinado para defender los derechos indígenas y el medio ambiente en la región. Este caso podría sentar un precedente importante para la protección de las cuencas hidrográficas andinas.